Comunidades Indigenas del Amazonas usan el GPS para reclamar sus tierras

Centenares de pequeñas comunidades, muchas de ellas indígenas, viven en la Amazonía y están elaborando una cartografía propia en la que, gracias a unos simples GPS, delimitan lo que consideran que son sus tierras.

Se trata de un proyecto innovador que cuenta con el respaldo del Instituto Amazónico de Planeamiento de Brasil.

Uno de los responsables de este programa, el antropólogo Alfredo Wagner, de la Universidad de Río de Janeiro, explicó a Efe que se trata de una "Nueva cartografía social".

En ella, dijo, se pretende recoger la identidad tradicional de grupos aborígenes y otros colectivos, "invisibles socialmente" y que ven cómo sus territorios peligran ante el avance de la agricultura no autóctona.

Wagner (Minas Gerais, 1947), quien participó en Barcelona en un foro sobre la "Amazonía herida. ¿Es posible un desarrollo sostenible?", explicó que se ha instruido a miembros de esas comunidades en el uso de los sistemas de localización por satélite para que confeccionen sus mapas.

Son trabajos cartográficos muy minuciosos, hechos por ellos mismos, con coordenadas y un grado de precisión exacta, donde marcan lo que creen relevante en sus tierras, desde cultivos a lugares arqueológicos y sagrados, poblaciones, cementerios o puestos de venta de gasolina, es decir, elementos prácticos pero también simbólicos que ayudan a reforzar su identidad colectiva.

Por ello, los mapas son bilingües, trilingües o incluso cuatrilingües (el portugués y las lenguas autóctonas), ya que en este vasto territorio se hablan más de 180 lenguas que sobrevivieron a pesar de que fueron prohibidas a mediados del siglo XVIII.

Con esta cartografía social se busca además acabar con cierto tipo de 'biologismo', alimentado durante siglos únicamente de los conocimientos de naturalistas viajeros, geógrafos y botánicos que ha creado una "hegemonía de clasificación" que interpreta la Amazonía como un recurso natural, y sólo en un segundo plano, como un espacio donde viven comunidades humanas propias.

Este proyecto está generando un conflicto de intereses y también judicial entre las comunidades que tienen allí su hábitat -unos 35 millones de personas globalmente-, que apelan a un derecho ancestral sobre las tierras, y las grandes corporaciones agrícolas que las explotan y que presentan "supuestos documentos" de propiedad sobre las mismas.

"No importa el tiempo de ocupación, estas comunidades fueron retiradas de sus tierras originales", afirmó Wagner ante el aumento de la "invasión especulativa" producida por el alza de los precios de las materias primas -soja, caña de azúcar, celulosa, o de carbón vegetal para siderurgia-, a la que se añade la que ejerce el sector ganadero.

Entre los grupos más activos están las comunidades indígenas (unas 734.000 personas) que reclaman 110 millones de hectáreas; los quilombolas (unos 2 millones) que plantean sus derechos sobre 30 millones de hectáreas; las quebradeiras de coco (400.000 familias donde las mujeres son las "cabeza de familia" y depositarias de la identidad) que exigen 20 millones; o los serengueiros (163.000) que defienden "sus" 18 millones de hectáreas.

Hay también antiguas comunidades de europeos que se fueron a Brasil, como los pomeranos, llegados a ese país en el siglo XIX procedentes de la Pomerania, un territorio que ahora comparten Alemania y Polonia, y que ya se ha convertido en un pueblo tradicional en Brasil, con 150.000 personas que siguen hablando su lengua vernácula.

Los "adversarios" de este proyecto social consideran que se trata de una población muy reducida para ocupar una superficie tan extensa pero, a juicio de Wagner, es precisamente esa baja densidad la que ha logrado que sean las tierras mejor preservadas: "ellos retiran poco a poco y la naturaleza repone".

EFE